Lo que va hacer el Gobierno es promover reformas para facilitar la “segunda oportunidad” de todos los ciudadanos. Aprobaremos con carácter inmediato, un Real Decreto-Ley que les dará mayores facilidades para afrontar la dificultad.
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Las familias van a poder a partir de ahora lograr una reestructuración de sus deudas mediante un acuerdo extrajudicial de pagos: un procedimiento coordinado, transparente y reglado, que les permitirá negociar de forma unificada y supervisada con sus acreedores.
Este procedimiento se hará especialmente sencillo para los particulares, de forma que en plazos muy breves y con los menores costes administrativos puedan acordar quitas, aplazamientos y otras formas de reducción de la deuda.
Cuando estos acuerdos no sean posibles, se habilitará en la Ley Concursal que las personas naturales puedan liberar las deudas que queden impagadas tras ejecutar las garantías y sus bienes.
Hasta ahora, incluso quien se veía obligado a vender sus bienes para pagar sus deudas, seguía siendo responsable de pagar la parte remanente.
Hasta ahora, incluso quien se veía obligado a vender sus bienes para pagar sus deudas, seguía siendo responsable de pagar la parte remanente.
Esto condenaba a los hogares y empresarios a vivir con la losa de la deuda pasada incluso habiendo renunciado a sus bienes. Con esta reforma, en el marco de un procedimiento controlado judicialmente y con todas las garantías, será posible liberarse de esa losa.
Como han hecho otros países europeos, acometeremos igualmente una revisión completa de los plazos de prescripción de las reclamaciones de la deuda, que en el caso general quedarán fijados en 5 años, en lugar de los quince vigentes en la actualidad.
No tiene sentido que una familia o un profesional tenga que vivir pensando en una deuda que no se ha reclamado en quince años, ni que este plazo no se haya cambiado desde el Código Civil de 1889.